España avanza hacia un certificado de vacunación, idea con la que se pretende reactivar una ya maltrecha economía cuyas expectativas ha empeorado la pandemia de coronavirus. Es un proyecto que todavía no está cerrado y que, parece, no será único. El Ministerio de Industria y Turismo lleva semanas trabajando en la instalación de este certificado, pero también Madrid ha hecho su propia propuesta recuperando la cartilla Covid lanzada por Isabel Díaz Ayuso el pasado verano.

Ambos casos cuentan con diferencias entre sí y, también, con dudas legales en su implantación. Y es que, los juristas recelan de cualquier discriminación hacia la gente que no se vacune y también de lo que podría suponer una nueva merma en derechos fundamentales básicos.

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Con el fin de sortear cualquier problema legal que pudiera suponer la idea, fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo insisten a 20minutos en que el "certificado, que no pasaporte" de vacunación, no conllevaría "ningún tipo de discriminación". "Defendemos que nos podamos dotar de un certificado de vacunación como una herramienta más que nos permita reactivar la movilidad internacional", cuentan.

En este sentido, funcionaría como un requisito más junto a los ya exigidos, que son: una PCR negativa en origen o cuarentena obligada si vienes de Reino Unido o de Sudáfrica. Puntualizan desde Turismo que, además, "no se le prohibiría" la entrada a quien no tuviera la vacuna puesta.

Este argumento también lo han utilizado las autoridades de Grecia, que ha elevado su petición a Europa. "Se utilizaría como una herramienta para favorecer, obviamente no para discriminar; si se ha vacunado el viajero, que tenga la oportunidad de cruzar la frontera fácilmente", señaló hace unos días el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

"Es que no es posible en la Unión Europea poner en marcha un pasaporte que no permita viajar a gente que no esté vacunada", explica, por su parte, Juan José Bestard, copresidente de la sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Este jurista, además, comenta que no es la única duda legal al respecto.

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"Una vez se desecha la idea de que no sea discriminatorio, deberíamos plantearnos otras dificultades", continúa. "Tienen que decir qué va a certificar el documento: si se ha vacunado la persona o si es inmune", asegura antes de recordar que haberse inoculado la vacuna no significa haberse inmunizado, pues la eficacia de las mismas no es del 100%. Habla también Bestard del difícil encaje legal que tendría el certificado por la confidencialidad de los datos que debería proporcionar quien utilizase dicho certificado.

La idea de Madrid es diferente a la planteada por el Ministerio de Industria y Turismo, ya que se propone recuperar la idea de la cartilla Covid que lanzó en verano del pasado año la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aunque modificándola.

Si entonces la mandataria regional propuso una cartilla que registrase quién había superado la enfermedad para que pudieran acceder "a espacios cerrados, como gimnasios o museos", ahora el Ejecutivo madrileño piensa en un proyecto similar pero para los vacunados. Ponen como ejemplo a países donde ya se ha instaurado, como es el caso de Israel.

El debate jurídico, pues, cuenta con varias aristas, pero los juristas consultados ven clave conocer si será discriminatoria o no. "Tendría que hacerse desde un punto de vista positivo", asegura Esperanza Marcos, copresidenta del área de Derecho Sanitario del ICAM. También fija como importante, al igual que Bestard, si es la administración pública la que establece como requisito indispensable estar vacunado para realizar ciertas actividades o si es un comercio privado quien lo hace. Y es que, Bestard rechaza que una administración pública pueda establecer este requisito, pese a que se hace ya con la edad mínima legal para entrar a establecimientos como discotecas. "Otra cosa diferente", incide, "es que un centro privado exija la condición de estar vacunado para entrar".

"Aquí hablamos del derecho de admisión", puntualiza Marcos, que dice que en "una situación excepcional como esta la legalidad es difusa". En una conversación con 20minutos, equipara la petición de una PCR negativa para entrar a un local con estar vacunado. "Que un comercio me diga presénteme una PCR negativa o una cartilla de vacunación es lo mismo", apunta. Eso sí, recuerda que esta petición puede toparse con la confidencialidad, pues puede derivar en una obligación de dar unos datos que el cliente no tiene por qué dar.